UGT denuncia que 13 ayuntamientos prohíben ser taxista si tienes VIH
El sindicato, tras dirigirse a estos consistorios y sólo recibir respuestas de Los Alcázares y de Abarán (se compromenten a cambiar las ordenanzas), ha presentado una reclamación ante el Defensor del Pueblo para acabar con la discriminación que sufren las personas con enfermedades infecto-contagiosas a la hora de adquirir una licencia de autotaxi en más de una decena de municipios de la Región de Murcia, entre los que figura La Unión.
El sindicato UGT ha denunciado que trece ayuntamientos de la Región impiden el acceso a la hora de adquirir una licencia de taxi a quienes viven con VIH u otro tipo de enfermedad infecto-contagiosa. Concretamente son las ordenanzas municipales de estos consistorios las que prohíben que las personas con este tipo de infecciones puedan trabajar en el sector del autotaxi. Una discriminación contraria a la legalidad actual y que nunca debería de haber sido ratificada por los plenos de las corporaciones locales. “Estos reglamentos locales consideramos que atentan contra el principio constitucional de igualdad y no discriminación y contra la propia ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, de 2022”, ha destacado Paqui Sánchez, secretaria general del sindicato en la Región.
Para acabar con esta limitación UGT ha anunciado que ha presentado una reclamación ante el Defensor del pueblo y que ha remitido una carta formal a las alcaldías de los municipios afectados: Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla, Torre Pacheco, Caravaca de la Cruz, Los Alcázares, Mula, Abarán, Albudeite, Blanca, Cehegín, La Unión y Totana.
“Esta injusticia tiene que terminar ya. No puede ser que una persona que se infectó con VIH, que sigue un tratamiento farmacológico antirretroviral y que, en consecuencia, ni puede transmitir el virus, ni se le detecta carga viral en un análisis de sangre, ni nunca va a desarrollar la enfermedad del sida; sin embargo, no pueda trabajar por cuenta propia o ajena como taxista”, ha defendido la líder ugetista.
De hecho, Paqui Sánchez, médica de profesión, recuerda que el virus del sida nunca se ha transmitido por vía respiratoria, ni siquiera a través de la saliva. Por lo que “nunca debió existir esta norma excluyente y profundamente injusta al tratarse de un virus que solo se puede contagiar mediante la sangre con carga viral (cortes, pinchazos o consumo de drogas por vía parenteral) y las prácticas sexuales de riesgo”. Más allá de algunas excepciones como la etapa perinatal, en la que sí es posible la transmisión al bebé durante el embarazo, si la persona gestante ya es portadora del virus…
UGT ha explicado que la mayoría de ordenanzas afectadas llevan menos de diez años en vigor, por lo que para la organización sindical “no valen excusas”. De hecho, Alcantarilla aprobó su normativa hace menos de dos años, en 2024, y La Unión, en 2022. El sindicato ha demostrado que los municipios de Lorca, Mula, Cehegín, Blanca y Albudeite ratificaron estos reglamentos en el año 2018. Y en 2021, Molina de Segura y Abarán. Torre Pacheco la votó en 2014. Por otro lado, los plenos municipales de Caravaca de la Cruz y Los Alcázares validaron estas ordenanzas discriminatorias en 2017. Solo la ordenanza del taxi de Totana se remonta unos pocos años atrás: 2009. La organización sindical cree que la mayoría de consistorios han hecho “copia y pega” de otras ordenanzas y del articulado del Real Decreto que en 1979 reguló el servicio del taxi en España. Por eso la mayoría coinciden en la redacción...
De los trece municipios señalados por UGT, solo Los Alcázares y Abarán han respondido a las cartas enviadas por el sindicato y se han comprometido a modificar sus ordenanzas para acabar con esta redacción que discrimina a las personas con enfermedades infecto-contagiosas.
Miguel Lajarín, secretario de Comunicación y LGTBI de UGT Región de Murcia, ha reconocido que muchos plenos municipales no han sido conscientes del impacto legal que tiene y de que, al mantener la redacción así, perpetúan el estigma que aún sufren muchas personas. Lajarín ha aprovechado para recordar que otros ayuntamientos sí han aprobado o modificado sus ordenanzas atendiendo a la nueva realidad sociosanitaria. Sabemos que es posible crear normativas inclusivas y más justas porque municipios como Murcia y Cartagena han cambiado sus reglamentos en los últimos años y otras corporaciones directamente han aprobado sus ordenanzas con un redacción alternativa: “No padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión”.
El sindicato ha señalado que esta petición va en la línea del informe “¿Existen ocupaciones de cuyo ejercicio debe excluirse a las personas con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)?”, elaborado por la organización Trabajamos en positivo y que contó en su elaboración con la participación de UGT y otras entidades sociales. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) piden no excluir del empleo a las personas con VIH y reprueban la obligación por parte del empleador de realizar serologías a sus empleados. Unas pruebas de diagnósticos que, según el sindicato UGT, solo debería contemplarse en aquellos trabajos que conlleven prácticas con procedimientos invasivos que puedan tener una predisposición a la exposición. Y, en cualquier caso, podrían trabajar en esos puestos de trabajo siempre que la carga viral fuese inferior a 200 copias por milímetro y al tener en cuenta todas las medidas de protección y de prevención de riesgos laborales. Desde el año 2019 se permite el acceso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a las personas con VIH y otras enfermedades como la diabetes y la celiaquía.
Asimismo, desde UGT han reiterado su apoyo a la reforma de la normativa autonómica que permitirá por primera vez el acceso a la policía local de las personas con VIH, así como a quienes tienen celiaquía, diabetes, soriasis u otras enfermedades infecto-transmisibles. Otro decreto que desde el sindicato consideran que debería de haberse cambiado hace ya muchos años y que aún el Gobierno y la Asamblea regionales no han modificado.
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