Actuación contra la pesca ilegal
El servicio marítimo de la Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los servicios establecidos para la vigilancia marítima, detectó la captura ilegal de pescado en la zona de El Gorguel de su entorno.
El servicio marítimo de la Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los servicios establecidos para la vigilancia marítima, detectó la captura ilegal de pescado en la zona de El Gorguel de su entorno.
1. Accidente con un fallecido y varios heridos en la carretera El Algar-La Unión
2. El tribunal popular considera culpable del crimen del Calvario al acusado, que es nativo de La Unión y vecino de Lo Campano
3. El Defensor del Pueblo investiga por qué 12 municipios autonómicos, entre los que figura La Unión, prohíben a personas con VIH ser taxistas
4. Miguel Valverde escribe un artículo de opinión en La Opinión de Murcia recordando que en el 'Debate del Estado de la Región' no hubo partido alguno de la Asamblea Regional que mentase la situación de la bahía de Portmán
La Guardia Civil detiene a tres empleados de una empresa de reposición del cableado por el robo de una tonelada y media de cable de cobre del alumbrado público de la autovía A-30. Retiraban los cables de toma de tierra justo antes de hormigonar las arquetas, con el consiguiente riesgo de descarga eléctrica. En distintos centros de gestión de residuos metálicos de la Región se han detectado 52 operaciones de venta de cable.
La Policía Local de La Unión informa que sus agentes, durante una patrulla, pararon, por su actitud sospechosa, a una persona que portaba un bolso, en cuyo interior iba un anillo de oro y una pulsara de plata, que quedaron incautados, tratando ahora, a través de los vecinos, de conocer su origen. Por otro lado, indicar que fueron denunciados las personas que este fin de semana estaban molestando a los vecinos con un volumen elevado a las cinco de la mañana.
Las heridas fueron ocasionadas con una navaja, que fue incautada por la Policía Local de La Unión, que trasladó a dos heridos al centro de salud, además de identificar testigos y proceder a la detención del presunto autor.
La Policía Local de La Unión informa que en un parque infantil de la barriada de Santa Bárbara tuvo lugar el vuelco de un tobogán en el momento en que se tiraba una niña la cual tuvo que ser trasladada por su padre al centro de salud. Los agentes acudieron al lugar, donde precintaron la atracción, localizaron a los testigos e identificaron al supuesto autor de arrancarlo del suelo zarandeándolo.
La Audiencia Provincial en la Región de Murcia confirma que el heredero debe reintegrar los gastos funerarios adelantados por una familiar de la fallecida. El tribunal recuerda que los gastos de entierro constituyen una carga de la herencia y deben satisfacerse con cargo al patrimonio hereditario. El fallo judicial rechaza que existiera un acuerdo verbal por el que otra persona asumiera definitivamente el coste del sepelio.
La sección cuarta en la Región de Murcia concluye que no existe una causa justificada para impedir la relación familiar y confirma el régimen de visitas fijado en primera instancia. La sentencia rechaza que la petición de la abuela sea una vía para ampliar el contacto de la madre con la menor y recuerda la doctrina del Supremo sobre el papel de los abuelos.
La asociación profesional de agentes JUCIL denuncia que el sistema de seguimiento VioGén está en situación de extrema vulnerabilidad por el grave déficit de personal de la Benemérita en el área de seguridad ciudadana de la Región de Murcia, lo que colapsa la protección a las víctimas de violencia machista.
La Audiencia Provincial avala la sentencia de un juzgado de Cartagena, que condenó a un hombre a nueve meses de prisión tras ser localizado junto a su exmujer, de quien tenía una prohibición de acercamiento, y recuerda que las medidas de protección en violencia de género no quedan a disposición de las partes.
Los investigadores de la UDEF de la Policía Nacional consideran que la mayor parte se estaría desarrollando en las operaciones médicas derivadas a centros concertados, donde se habrían pagado sobrecostes de entre un 100% y un 1.287%, facturándose por servicios que debían ser gratuitos y por material sanitario que no había sido utilizado, llegando incluso a utilizar en las operaciones médicas productos sanitarios caducados.

