“Cinco consejeros no han sido capaces de dar una solución al colegio Rey Juan Carlos I”

CCOO Región de Murcia critica la situación que sufren los 115 alumnos del centro docente de La Unión, destacando que desde 2014 ha pasado un quintento de distintos titulares por la consejería de Educación “que no han sido capaces de dar una solución definitiva a una infraestructura básica para el servicio educativo de ese municipio”, indican, además de asegurar que el nuevo curso ha comenzado “con precariedad”  en el territorio autonómico.



CCOO Enseñanza asegura que la educación pública de la Región de Murcia se encuentra ante uno de los peores inicios de curso de todo el territorio nacional. El sindicato señala que la precariedad educativa campa a sus anchas tanto en la ausencia de preparación para el curso, cuyos currículos aún no han sido aprobados en su totalidad, como en las condiciones materiales, tanto de infraestructuras como de mobiliario y falta de personal, en las que se va a desarrollar.
 
 
La normalidad vs. normalización de los recortes.

CCOO Enseñanza recuerda que la comunidad murciana arrastra la pérdida de 2.000 docentes desde 2012 sin que se haya producido la reposición de esos cupos.
 
El último plan de actuación en infraestructuras educativas data del Primer Pacto Social por la Educación (2009). Por poner un solo ejemplo, iniciamos el curso 22-23 con el CEIP Rey Juan Carlos de La Unión sin pabellón de Primaria, sin aulas prefabricadas para suplirlo y con 115 alumnos y alumnas desplazados. Una realidad arrastrada desde 2014 en la que 5 responsables de Educación (Pedro Antonio Sánchez, Mª Isabel Sánchez, Adela Martínez-Cacha, Esperanza Moreno y Maribel Campuzano) no han sido capaces de dar solución a una infraestructura básica para el servicio educativo de ese municipio.
 
En cuanto al crecimiento de los servicios educativos, el sindicato señala, por un lado, que se ha anulado la implantación del primer ciclo de infantil con carácter educativo en los colegios de la Consejería, el de 2 años, desatendiendo así las solicitudes de los CEIP públicos para asumir este año esas competencias. A esto hay que añadir el desconcierto en los ayuntamientos comprometidos para implantarlo, desconocedores aún del procedimiento. Por otro lado, la opacidad en el desarrollo de la FP, con ocultación de datos sobre las unidades en los centros públicos en los últimos 5 años y en el curso actual, solicitadas por esta Federación y no recibidas.


Falta de recursos docentes para implantar la LOMLOE.

CCOO considera que las reticencias para aplicar la LOMLOE en los centros escolares murcianos responden a criterios principalmente económicos. La falta de inversión y el desvío de fondos públicos a empresas privadas, a través de conciertos y de otras fórmulas, es una constante. Hay un fondo ideológico que tiene que ver mucho más con la acumulación de poder que con criterios morales o éticos.

En cuanto a las necesidades de plazas docentes detectamos la posibilidad de reforzar las plantillas de los centros públicos en 5.257 cupos:
. El gobierno central ya recomendó mediante la Ley 4/2019 del 7 de marzo de ‘Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia en el ámbito de la educación no universitaria’ la de disminuir las horas lectivas en las diferentes etapas educativas. Esta medida supondría la creación en nuestra región de 2.046 plazas docentes.

. La aplicación de las ratios propuestas en la LOMLOE para Atención a la Diversidad supondría 1.163 nuevos cupos.

. Para detección y atención DEA (alumnos con dificultades específicas del aprendizaje) serían necesarios 1.272 profesionales de Psicología terapéutica y Audición y lenguaje.

. La detección adecuada de necesidades socioeducativas requiere la incorporación de, al menos, 158 profesionales de la Orientación educativa.

Según estas cifras mientras la media estatal de docentes que se deberían implementar es de 4 por centro, en la región de Murcia esa media asciende a 8’5 por centro.
 
 
La universidad pública en horas críticas.
 
La infrafinanciación universitaria pública marca una política abierta de asfixia económica en las universidades públicas. El remanente de gasto agotado provoca una incapacidad para asumir el aumento del coste de las energías.
 
CCOO se niega a ceder ante una clara estrategia de presión. Los ataques al desarrollo de las universidades públicas no pueden convertirse en un intercambio de silencio por una (en principio obligatoria) financiación.


Un ejemplo es el caso concreto de la titulación de Veterinaria de la UCAM. La dimisión como director general de Universidades de un profesor de veterinaria de la UMU y el nombramiento de una profesora titular de la universidad privada muestra una clara intencionalidad política que beneficia a la universidad católica.
 


Continúa la precarización del personal interino de Administración y Servicios educativos complementarios.

Según CCOO se mantiene la modalidad abusiva de contratación por programas, con el perjuicio profesional y económico para las personas interinas.
 
De los 200 contratos para Auxiliares técnicos educativos (ATE), solo 7 lo son a jornada completa lo que implica que el personal permanece en sus centros menos horas que el alumnado al que debe atender.
 
Tal y como denuncia el sindicato se han firmado 33 contrataciones de Intérpretes de Lengua de Signos, todas a jornada parcial. Estos contratos se ciñen a las horas que el Intérprete acompaña al alumnado cuando asiste a clase, obviando el tiempo necesario para coordinación con los docentes de las materias comunes, la preparación de materiales, el vocabulario específico, la asistencia al alumnado y la comunicación con las familias.
 
Los contratos de Auxiliares administrativos suman 35, de los que solo uno ocupa una jornada completa.
 
En cuanto al personal de administración, todos los centros concertados de secundaria, bachillerato y FP están adscritos a centros públicos para gestión de los expedientes de alumnado. Esto supone una transferencia de recursos públicos a intereses privados, en detrimento del personal público a cargo de esa tarea, que soporta sobrecarga de trabajo sin reconocimiento alguno. Para CCOO esta situación supone un claro agravio comparativo pues la ratio de este personal público se calcula en relación a los alumnos matriculados en el centro público donde tienen su puesto, pero en realidad gestionan los expedientes de todo el alumnado de los concertados adscritos, que obtienen así una vía de ahorro complementaria en cuanto a gastos de personal.
 
 
El sector de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos Privados al borde del conflicto.
 
El bloqueo del V Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva (ANC) se traslada a los convenios, y concretamente al de Discapacidad. El día 14 de septiembre la Federación de Enseñanza iniciará concentraciones de protesta por el bloqueo en la Negociación del Convenio. Así mismo el sindicato iniciará una campaña de interposición de Conflictos Colectivos en las empresas que en Murcia no estén aplicando el IV Convenio Colectivo De Reforma y Protección de Menores. CCOO anuncia que continuará con las movilizaciones hasta conseguir un Convenio Regional.
 
* Afiliada a la Internacional de la Educación (IE) y Al Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE)


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